Las mujeres representantes de organizaciones de personas con distintas discapacidades continúan trabajando, haciendo uso de las nuevas tecnologías a pesar de la difícil situación generada por el aislamiento físico al que nos ha llevado el COVID-19. Se encuentran participando activamente en un ciclo de seis webinars, con sesiones de trabajo práctico relacionado con la situación específica que atraviesan las mujeres y niñas con discapacidad, así como sesiones de análisis en relación a la discriminación estructural existente, la violencia ejercida contra las niñas y mujeres con discapacidad y su salud sexual y reproductiva.
Gran parte de las mujeres con discapacidad sufren todo tipo de violencia de género, estructural, física, sexual, psicológica, cultural, económica, entre otras; de manera directa o indirecta. En la mayoría de los casos la persona agresora pertenece a su círculo cercano, parejas, familiares, conocidos o amigos. Al respecto, se demanda un registro por parte del Estado sobre el número de denuncias por violencia de género interpuestas por mujeres con discapacidad. Además, la situación se agrava con el confinamiento motivado por el COVID, pudiendo generar esto mayores circunstancias de vulnerabilidad.
Desde el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) se está trabajando en el modelo del Protocolo de Atención de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, que en estos momentos funciona como plan piloto con el fin de replicarlo en el resto de fiscalías y casas comunitarias de justicia.
Las mujeres también denuncian la falta de accesibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, como la ausencia de camillas de exploración accesibles, la falta de servicios de intérpretes de lengua de signos para acceder a los servicios médicos, además de no contar con los medicamentos con indicaciones en Braille. Existen estereotipos aceptados referente a que las mujeres con discapacidad son asexuadas. Manifiestan que en muchas ocasiones se les realizan prácticas de esterilización forzada y la mayoría no cuenta con un seguro médico estatal y mucho menos uno privado para acceder a la salud en igualdad de condiciones que los demás.
Entre estos aspectos también se quiere asegurar que en el informe se incluyan recomendaciones concerniente al enfoque transversal de la discapacidad, teniendo en cuenta no solamente en los servicios, sino también en la estructura de las instituciones realizar planes plurianuales, planes de capacitación de los empleados de las instituciones, y garantizar que haya presupuestos para implementar estas medidas.
Las mujeres dominicanas con discapacidad darán traslado de todas estas demandas al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), para que puedan tenerlas en cuenta en sus recomendaciones finales al Estado parte de la República Dominicana.
Todas estas acciones están siendo desarrolladas con la cofinanciación de la Unión Europea.
A continuación compartimos un video realizado para visibilizar la labor que las mujeres con discapacidad realizan para promover sus derechos.