La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Grupo Social ONCE han presentado el primer Programa Iberoamericano Sobre Discapacidad, aprobado en La Antigua (Guatemala) durante la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. El programa fue presentado ante su Majestad Felipe VI, los presidentes de Ecuador, Guatemala, Andorra, España, y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, entre otros altos mandatarios
Este programa favorecerá la inclusión plena de más de 90 millones de personas con discapacidad de los 22 países que conforman la región Iberoamericana, de los que el 80 % enfrenta algún tipo de obstáculo para su plena inclusión en la vida política, económica y social, siendo las mujeres las más afectadas por esta exclusión.
Encomendado a la SEGIB y a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en la Cumbre de Cartagena de Indias (Colombia) de 2016, el pionero programa es en gran medida fruto del convenio de colaboración suscrito por la ONCE y la SEGIB el año pasado, y fue presentado por Rebeca Grynspan, Secretaria General de la SEGIB; Alberto Durán, consejero general adjunto al presidente en materia de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE (ONCE); y Sebastián Toledo, director del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad de Guatemala (CONADI- Guatemala), quienes realizaron una reflexión sobre los retos de la región iberoamericana en relación con los derechos de las personas con discapacidad, y el valor que el nuevo Programa aportará a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad en distintos países de la región iberoamericana.
Desde un enfoque de derechos, y con la asesoría experta del Grupo Social ONCE en materia de discapacidad en todos los ámbitos (educativo, de empleo, accesibilidad, etc.), los actores del mismo han trabajado desde finales de 2017 y principios de 2018 en su redacción y formulación con las autoridades nacionales de discapacidad de los países impulsores del proceso, consultores y especialistas, tanto en la ejecución directa de políticas públicas, como desde la labor académica y su posición en organismos o agencias internacionales de cooperación al desarrollo (ONU, OEA, etc.).